Tras la propuesta de la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez White, de generar 500.000 cupos universitarios, los académicos expresan que esto solo sería posible si el Estado se compromete a fijar unos recursos.
La propuesta de generar 500.000 cupos universitarios, de los cuales 310 mil serían distribuidos entre las universidades públicas y el SENA lograría una cobertura del 50 por ciento en el ámbito profesional, para dejar el porcentaje restante a técnicas y tecnologías, explicó la Ministra de Educación, María Cecilia Vélez White, durante el Foro de Financiación de la Educación Superior que se llevó a cabo en Bogotá.
Ante la iniciativa de la ministra, la preocupación en las universidades públicas no cesa, pues los recursos que reciben ahora por parte del Estado no permiten, ni siquiera pensar, en aumentar dicha cantidad de cupos. ”Sería irresponsable, ampliar cobertura más allá de lo que hay ahora con los mismos recursos significaría desmejorar la calidad de la educación” expresa Diego Montejo, funcionario de la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia (U de A).
Con el fin de establecer y mejorar reglas en la asignación de recursos la ministra Vélez White planteó la posibilidad de modificar la ley 30 de 1992. Esto es, crear proyectos y convenios, como fondos concursables, financiamiento privado, y programas de crédito, entre otros, que permitan el aumento de los recursos para las universidades y así lograr la cobertura que se prevé para 2019 del 50% en el terreno profesional.
El problema de estos proyectos, según argumentó la asistente de la Vicerrectoría de docencia de la U. de A., Dora Nicolasa, es que son más fáciles de ejecutar en universidades pequeñas, porque éstas necesitan infraestructura para albergar sus estudiantes y ofrecerles mejores condiciones para desarrollar sus procesos de formación.
Caso contrario al que vive la U. de A., donde a lo que más le apuntan es a la construcción de sedes en las subregiones en las cuales hay menos oferta y más demanda, pues en la sede principal no hay más espacio. El 19 de marzo se enviará un proyecto relacionado con la cobertura en las regiones para participar en un fondo concursable y, así, ganar recursos para la universidad.
En cuanto a la ley 30, Diego Montejo explica que esta ha sido mal interpretada, pues “dio un piso, un mínimo en la asignación de recursos, pero no dio un techo, depende del Estado cuánto le quiere aumentar, y entre más le aumente más beneficios traerá esto para la educación” así que no sería necesario modificarla sino replantear, en palabras de Dora Nicolasa, “repensar la distribución de los recursos en el Estado”.
“Se necesitan no unas promesas de recursos sino unos recursos garantizados. No depender del gobierno de turno” complementa Montejo. Así que a la iniciativa de la ministra le falta mucho por recorrer y hablar con los directamente afectados e involucrados en el tema, pues estos nuevos cupos crearían nuevas necesidades, y esas nuevas necesidades al final tienen que atenderse con dinero, con el cual se debe contar para garantizar y continuar la calidad educativa que poseen las instituciones públicas.
La propuesta de generar 500.000 cupos universitarios, de los cuales 310 mil serían distribuidos entre las universidades públicas y el SENA lograría una cobertura del 50 por ciento en el ámbito profesional, para dejar el porcentaje restante a técnicas y tecnologías, explicó la Ministra de Educación, María Cecilia Vélez White, durante el Foro de Financiación de la Educación Superior que se llevó a cabo en Bogotá.
Ante la iniciativa de la ministra, la preocupación en las universidades públicas no cesa, pues los recursos que reciben ahora por parte del Estado no permiten, ni siquiera pensar, en aumentar dicha cantidad de cupos. ”Sería irresponsable, ampliar cobertura más allá de lo que hay ahora con los mismos recursos significaría desmejorar la calidad de la educación” expresa Diego Montejo, funcionario de la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia (U de A).
Con el fin de establecer y mejorar reglas en la asignación de recursos la ministra Vélez White planteó la posibilidad de modificar la ley 30 de 1992. Esto es, crear proyectos y convenios, como fondos concursables, financiamiento privado, y programas de crédito, entre otros, que permitan el aumento de los recursos para las universidades y así lograr la cobertura que se prevé para 2019 del 50% en el terreno profesional.
El problema de estos proyectos, según argumentó la asistente de la Vicerrectoría de docencia de la U. de A., Dora Nicolasa, es que son más fáciles de ejecutar en universidades pequeñas, porque éstas necesitan infraestructura para albergar sus estudiantes y ofrecerles mejores condiciones para desarrollar sus procesos de formación.
Caso contrario al que vive la U. de A., donde a lo que más le apuntan es a la construcción de sedes en las subregiones en las cuales hay menos oferta y más demanda, pues en la sede principal no hay más espacio. El 19 de marzo se enviará un proyecto relacionado con la cobertura en las regiones para participar en un fondo concursable y, así, ganar recursos para la universidad.
En cuanto a la ley 30, Diego Montejo explica que esta ha sido mal interpretada, pues “dio un piso, un mínimo en la asignación de recursos, pero no dio un techo, depende del Estado cuánto le quiere aumentar, y entre más le aumente más beneficios traerá esto para la educación” así que no sería necesario modificarla sino replantear, en palabras de Dora Nicolasa, “repensar la distribución de los recursos en el Estado”.
“Se necesitan no unas promesas de recursos sino unos recursos garantizados. No depender del gobierno de turno” complementa Montejo. Así que a la iniciativa de la ministra le falta mucho por recorrer y hablar con los directamente afectados e involucrados en el tema, pues estos nuevos cupos crearían nuevas necesidades, y esas nuevas necesidades al final tienen que atenderse con dinero, con el cual se debe contar para garantizar y continuar la calidad educativa que poseen las instituciones públicas.
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