La jornada electoral del 14 de marzo no se conformó solo con dar a conocer los nuevos integrantes del Congreso de la República, estuvo empañada, además, por escándalos relacionados con la Registraduría, y por las denuncias de fraude hechas por la ciudadanía, el MOE y otras instituciones.
El problema que se descubrió en las primeras horas, después de abrirse las mesas de votación, fue lo mal diseñados que estaban los tarjetones, y ante la falta de información brindada a los votantes, la confusión no dio espera y esto se vio reflejado en el alto número de votos anulados.
La Misión de Veeduría Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) alertó sobre lo anterior, diciendo que "la complejidad del sistema de votación, reflejada en las papeletas”, tuvo su efecto en los electores, quienes “se mostraron desorientados". Además, advirtió sobre los posibles fraudes que se estaban ejecutando en varios departamentos del país. Esta irregularidad fue percibida por los veedores en Magdalena, Bolívar, Cundinamarca, Nariño y Norte de Santander.
Antioquia, por su parte, también presentó problemas relacionados con fraudes. Según Patricia Fernández, directora del MOE (Misión de Observación Electoral) en Antioquia, el mayor delito denunciado fue la compra de votos, no solo con dinero; también se les estaba entregando tejas, rifas, materiales para construcción, promesas de subsidios, entre otros.
Además, hace parte de la lista de fraudes detectados en Antioquia, la participación de funcionarios públicos en campañas, utilizando su imagen para convocar a los votantes y guiarlos hacia un determinado candidato. También se “recibieron denuncias sobre el presunto voto fraudulento o de favorecimiento en la modalidad de la entrega de tarjetones ya marcados; conjuntamente se recibieron tres llamadas denunciando casos de suplantación”, añadió Fernández.
Azael Carvajal, abogado, y actualmente docente de la Universidad de Antioquia, advierte que, ante la distribución de publicidad el día de las votaciones “lo único que pueden hacer las autoridades es retirar a estas personas del lugar”. Frente a los otros fraudes se deberán iniciar investigaciones para determinar sus responsables.
Como si no bastara con esto, los problemas continuaron cuando se cerraron las urnas. Esta vez escándalos relacionados con la Registraduría, el contratista y la dudosa o nula preparación de los jurados para el conteo de votos. En primera instancia, el inicio del conteo de votos se vio obstaculizado por problemas técnicos y por el desconocimiento de los escrutadores de lo que debían hacer, aclaró Patricia Fernández para El Colombiano.
Esta demora en el conteo retrasó la publicación de resultados, sumiendo así a la ciudadanía en una profunda duda sobre la transparencia en el conteo. Ante esto, la Registraduría y UNE (entidad encargada del escrutinio) se “chutaban la pelota”, ninguno reconocía los errores y simplemente se lavaban las manos culpando al otro. Se debe esperar entonces para determinar si hubo incumplimiento por parte de la empresa contratada, aunque, explica Azael Carvajal, esta demora fue la suma de factores negativos, tales como: falta de información al votante, mal preparación de los jurados, problemas técnicos, etc.
Y no dando fin a este hecho, sin saber a quién preguntarle sobre la finalidad del escrutinio, la Presidencia de la República emite un comunicado en el que pide investigar al Registrador Carlos Ariel Sánchez por el consumo de alcohol en Corferias durante la primera noche del conteo, mientras que este último ha negado tal acusación, argumentando que es abstemio, que estaba con su familia y rodeado de mucha gente.
Fue, en medio de todos estos altercados (que aún no terminan), como los colombianos vivimos las jornadas electorales. Falta que se reporte un escrutinio en las mesas de votación del 100%, se resuelva quién será el candidato a la Presidencia por el Partido Conservador y en qué terminará o cuál es realmente la intención en la investigación al Registrador sobre su consumo de alcohol durante las jornadas.
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